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Las persistentes protestas ante la casa del alcalde de Peque agravan la salud de un hermano incapacitado
El caso será denunciado ante el Fiscal y el Ministerio del Interior, y la madre ha pedido a los servicios médicos de la Junta que ayuden al hijo, enfermo mental
J. A. GARCIA
Extraido de La Opinión

Peque.- Las crispación y «las amenazas» esgrimidas por medio centenar de personas, día tras día, ante las puertas de la madre y del hermano del alcalde de Peque, el popular Rafael Lobato, han deteriorado la salud de ambas personas, «con serios problemas de salud ambos».

El mandatario pondrá en conocimiento del Ministerio del Interior y de la Fiscalía las continuadas manifestaciones organizadas frente a su casa, que han sido seguidas de cerca por la Guardia Civil. Es una situación que ya denunció la semana pasada la propia madre, por escrito, en la Delegación Territorial de la Junta, en Zamora, en la Dirección de la Unidad Mental del Hospital Provincial de Zamora y en la Subdelegación del Gobierno.


«Desde los primeros días de agosto de 2006, un grupo de personas se viene manifestando a las puertas de mi vivienda amenazándome a mí y a mi hijo, C. L. incapacitado judicialmente por enfermedad mental» expone en el texto registrado en los citados organismos.


Precisa, además, que «entre los manifestantes que a diario se presentan en las inmediaciones de mi vivienda se encuentran trabajadores y funcionarios de la Junta de Castilla y León: B. F., L. F.; A. L.; y F. M.». Incluso hace mención entre los manifestantes a «un militar en activo», M. Ch.. A ellos se suman otras cincuenta personas más, vecinos y no vecinos de Peque.


La madre del alcalde añade que «que me encuentro indefensa, soy una mujer de 79 años, con serios problemas de salud, y temo que
mi hijo C. L, de 51 años, se vuelva agresivo a consecuencia de la enfermedad mental que padece y pueda provocar algún incidente grave».
Apunta que «como consecuencia del tumulto diario que se registra en las manifestaciones fue injustamente agredida y empujada al suelo por un grupo de personas».

A la Dirección del Centro Hospitalario solicitaba «ayuda para mi hijo», y a la Subdelegación del Gobierno «información de si estas personas tienen permiso para manifestarse y generar desórdenes públicos a la puerta de mi vivienda y en la calle de mi residencia y la de mi hijo, hechos que puede verificar a través de los agentes de la Guardia Civil».


Interpuestas las denuncias, las manifestaciones dejaron de producirse, «tal vez porque fueron puestos al corriente de los hechos y de que estaban cometiendo un posible delito». El alcalde califica de «puros actos terroristas» las actuaciones. La contundencia y las expresiones de sus protestas perdían fuelle cuando la Guardia Civil hacía acto de presencia, pero se mantenían en sus trece, al decir del munícipe.
El regidor precisa que «han sido los propios organismos de la Junta de Castilla y León quienes han certificado una incapacidad de mi hermano del 87%», y resalta el impacto que ha provocado «el acoso» ejercido durante casi dos meses por parte de personas, entre los cuales están «funcionarios de la propia Junta».
El nivel de las protestas ha sido de tal calado que la secretaria permanece de baja y el Ayuntamiento está ahora mismo sumido en el abandono, «sin un auxiliar siquiera que pueda hacer escritos». El personal ha sido solicitado a la Junta de Castilla y León y a la Diputación, de momento sin respuesta. «La próxima semana lo solicitaré a la Subdelegación del Gobierno» señaló Lobato.


Todo comenzó a primeros de agosto tras pedir el alcalde de Peque -como lo hicieron más de un centenar en el país- información sobre las ventajas y los inconvenientes de la instalación del cementerio nuclear que proyecta el Gobierno de la nación.
No obstante, desde la Alcaldía se afirma que «detrás de todo está la intencionalidad política para apartar a una persona que ha denunciado el abandono de las administraciones al municipio de Peque».