Noticias Sanabria Carballeda

El Juzgado de lo Mercantil tramita las demandas interpuestas por la SGAE contra municipios por el impago de entre un 7% y un 10% de los contratos a grupos en fiestas u otros eventos

La Opinion de Zamora. SUSANA ARIZAGA

Por orquestas, conciertos, pasacalles, charangas, bailes folclóricos, espectáculos taurinos e incluso carrozas amenizadas con música. Los ayuntamientos deben abonar a la Sociedad General de Autores de España (SGAE) el 7% de la cantidad en que se fije el contrato de cualquiera de esas actividades. Por vía judicial se les reclama lo correspondiente a los festejos del periodo 2001-2005. El porcentaje se eleva hasta el 10% si la institución local cobra o ha cobrado entrada. Y no basta con que el grupo contratado por el Consistorio pague puntualmente a la SGAE la cuantía que corresponde por incorporar a su repertorio o espectáculo las canciones registradas por la Sociedad.

De tales condiciones legales saben varios ayuntamientos de la provincia, que han pasado ya por el Juzgado de lo Mercantil para defender sus intereses frente a la Sociedad ante lo que consideran «una legislación abusiva», explica uno de los abogados de los municipios, «que habilita a la SGAE a actuar como auténtica recaudadora de la hacienda pública, pasando por encima de la más elemental lógica». Pero la Ley, tras el Decreto de 1998, le permite efectuar esos cobros, que hasta ahora no se venían realizando y que la Sociedad ha comenzado a reclamar por vía judicial desde el año pasado con el argumento de que en todos los pueblos se celebran fiestas patronales y se contratan orquestas y espectáculos musicales.

Pero esas tarifas del 7% y el 10% son repercutibles, sino también a diputaciones, comisiones de festejos, asociaciones de vecinos y de otro tipo, fundaciones, colegios mayores, universidades, cajas de ahorro; todos tendrán que cumplir con el pago de ese canon cuando contraten algún espectáculo que conlleve el uso de música.

Los consistorios de la provincia demandados se muestran «indignados porque las pretensiones de la SGAE suponen una carga económica muy importante», dado el volumen económico de la supuesta deuda contraída a lo largo de cinco años. Una deuda que, en parte del periodo reclamado estaría prescrita, ya que se remonta cinco años atrás y la Ley apunta tal circunstancia, subraya uno de los letrados contratado para resaltar algunas contradicciones de la demanda.

Otra de ellas sería que no se solicita una indemnización concreta a los ayuntamientos con los que no llegó a un acuerdo extrajudicial, sino que se deja en manos de la juez de lo Mercantil la cuantía a imponer. «En la mayoría de estos casos han ido a que el propio Juzgado resuelva», indican algunos letrados. Y es que la SGAE no ha aportado pruebas documentales sobre el número de contratos que las instituciones locales habrían efectuado en ese periodo de tiempo e incluso ni se han dirigido a los consistorios para solicitarla, apostillan.

Cifras astronómicas para pequeños ayuntamientos con presupuestos precarios
Los ayuntamientos demandados se podrían ver obligados a desembolsar hasta 30.000 euros a la SGAE por las actividades musicales de todo tipo contratadas para las fiestas patronales u otros eventos culturales, lo que supondría aproximadamente entre el 7% y 10% de los dineros que un municipio de una extensión media puede destinar a esas actividades (entre 50.000 y 60.000 euros).

Los responsables municipales consideran que detraer de sus precarios presupuestos esa cifra astronómica para resarcir a la SGAE podría tener repercusiones directas en los servicios que presta a sus vecinos, ya que se verían abocados a pagar entre 4.500 y 5.000 euros por cada uno de los cinco años que se les reclaman ante el Juzgado Mercantil. En años sucesivos tendrían que reservar entre 1.500 y 2.000 euros del presupuesto para afrontar la tasa exigida por esa Sociedad. Algunos municipios han pagado ya para evitar el litigio. Por el momento las orquestas y grupos musicales se niegan a asumir el pago de los porcentajes mencionados. Así las cosas, las fiestas supondrán un problema económico importante para los municipios.